Proyecto de Reforma Laboral PRI-AN

Proyecto de Reforma Laboral PRI-AN
Coopela o Cuello. (Perujo)

viernes, 28 de septiembre de 2012

Crónica de la marcha de ayer, 27 de sep 2012

 
Patricia Muñoz y Carolina Gómez
Periódico La Jornada
Viernes 28 de septiembre de 2012, p. 5
Miles de trabajadores de los sindicatos independientes del país cercaron ayer la Cámara de Diputados enmedio de enojo, indignación y repudio, para denunciar que los legisladores se han convertido en verdugos del pueblo al aprobar la reforma laboral presentada por el presidente Felipe Calderón.
 
Gremios de corrientes como el Frente Sindical Mexicano, Coordinadora de Sindicatos Universitarios, Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y de estados como Morelos y Michoacán, además de la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Auténtico del Trabajo, acordaron comenzar una segunda etapa de movilizaciones en la que endurecerán las protestas y anunciaron que este viernes desde las 9 de la mañana volverán a San Lázaro.

También llamaron a realizar paros, bloqueos y a construir una nueva alianza obrera para responder a la infame embestida que perpetraron ayer los legisladores de PRI, PAN y PVEM al aprobar una iniciativa salvaje en contra de los trabajadores.

Mientras en el recinto legislativo la Comisión de Trabajo y Previsión Social discutía las particularidades de la iniciativa de reforma laboral, afuera todo el día se mantuvo el plantón; los sindicatos universitarios, entre ellos el Situam, pernoctaron ahí desde el martes.

En ese ambiente se llevó a cabo un mitin-maratón desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 18 horas, en el que participaron un sinnúmero de voces sindicalistas y también llegaron diputados de PRD y PT.

Para impedir el ingreso de los legisladores a la sesión, desde temprana hora jóvenes del movimiento #YoSoy132 y trabajadores se acostaron en el piso de las principales entradas al recinto. Lograron parcialmente su propósito, porque los diputados tuvieron que realizar diversas maniobras para entrar; incluso la diputada Rosa Elba Pérez, del PVEM, se disfrazó de policía para introducirse.

La movilización remató con la llegada de la marcha que partió del Monumento a la Revolución organizada por el Frente Sindical Mexicano. Participaron integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y las secciones 9 y 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre otros.

A pocos minutos de haber comenzado el mitin central y con las calles Congreso de la Unión –cerrada todo el día– y Emiliano Zapata colmadas de trabajadores, camiones, carpas y mantas de protesta, sobrevino una tromba con granizo y viento que inundó las avenidas hasta la estación del Metro Candelaria.

Pero esto no fue suficiente para ahuyentar a los manifestantes que, empapados y chorreando agua, gritaban a todo pulmón: ¡Ni el agua ni el viento pararán el movimiento! Pese al aguacero, los discursos siguieron y el ánimo no decayó. Ni Tláloc nos va a detener, gritaban algunos trabajadores que poco antes lanzaron potentes cohetones. Es la voz de la indignación contra los diputados traidores, coreaban otros.

Por los dos templetes pasaron decenas de líderes sindicales quienes manifestaron en todos los tonos la protesta contra esta reforma, que hará de los trabajadores esclavos de los patrones. Al leer la lista de los 21 diputados de PRI, PAN y PVEM que votaron en favor del dictamen que avala la reforma laboral, se dejó escuchar una cascada de mentadas de madre.

Agustín Rodríguez, líder del Stunam, criticó la decisión criminal de avalar una iniciativa que cercena los derechos de los trabajadores, y llamó a no dar tregua a los legisladores traidores de la clase trabajadora.

Artemio Ortiz, del comité ejecutivo nacional democrático de la CNTE, llamó a radicalizar las acciones contra la iniciativa, en tanto que Jorge Cázares, de la sección 18 de Michoacán, dio cuenta de las acciones de rechazo que realizó el magisterio disidente ayer ante la sede nacional de PRI, la Secretaría de Gobernación, y así vamos a escalar la protesta, advirtió.

A su vez, Martín Esparza, dirigente del SME, planteó ir a cada uno de los distritos de los diputados a reclamarles su traición al aceptar una reforma criminal. Por su parte, el líder del Situam, Antonio Venadero, al igual que Benito Bahena, dirigente de la Alianza de Tranviarios, pidieron unir esfuerzos en contra de la consumación de este atraco a los derechos de los trabajadores del país.

Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas, dijo que presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacón, ya que la reforma vulnera la Constitución.
Según organizaciones convocantes, llegaron a esta movilización cerca de 30 mil trabajadores, mientras la policía capitalina calculó la asistencia en poco más de 10 mil. Al rechazo se unieron organizaciones campesinas y civiles, así como los sindicatos del Colegio de Bachilleres, de Nissan, de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, del Instituto Mexicano del Petróleo, de la Industria Nuclear, trabajadores administrativos de la Universidad de Morelos, los empleados del INBA, del IPN, de las universidades de Oaxaca y Chapingo, entre otros. Todos resistieron la lluvia, nadie se fue...

lunes, 24 de septiembre de 2012

Carta de Congresistas norteamericanos dirigida a Hillary Clinton en referencia a la Iniciativa Calderón


21 de septiembre, 2012

Estimada Secretaria Clinton:

Como Miembros del Congreso dedicados a la tarea de asegurar que los derechos laborales sean respetados por nuestras contrapartes comerciales, le escribimos para expresar nuestra gran preocupación respecto al voto que está pendiente en el Congreso mexicano, el cual retrasaría las protecciones a los derechos laborales y haría todavía más difícil que los trabajadores puedan formar sindicatos independientes.  Le pedimos que inste al gobierno mexicano a que tome acción para proteger los derechos de todos los trabajadores, incluyendo el derecho a organizarse.

En vez de abordar las debilidades de la ley laboral mexicana existentes, la legislación propuesta debilitaría aún más la situación de los trabajadores.  La propuesta ampliaría el sistema de contratos de protección firmados entre los empleadores y los sindicatos dominados por los empleadores, crearía impedimentos adicionales al ejercicio del derecho a huelga, debilitaría las protecciones laborales, promovería el trabajo precario y violaría la autonomía sindical.

Específicamente, los cambios propuestos harían lo siguiente:

·         Ampliar el sistema de contratos de protección.  El Artículo 899 de la propuesta de ley haría más fácil que los empleadores bloqueen por tiempo indefinido la formación de sindicatos independientes y también aumentaría la posibilidad de que los trabajadores sean despedidos por haber formado un sindicato independiente, teniendo como requisito  que se entregue a la junta laboral local, de la cual los empleadores son miembros, los nombres de las personas que se han afiliado al sindicato.

 

·         Crear impedimentos adicionales al ejercicio del derecho a huelga.  El Artículo 920 otorgaría a la junta laboral mayor libertad para declarar que las huelgas sean ilegales y permitiría que las autoridades rechacen una demanda de huelga en el caso que los estatutos del sindicato no incluyan la rama industrial o actividad específica de la compañía, algo que representa una violación a la jurisprudencia establecida por la OIT.

 

·         Debilitar las protecciones laborales y promover el trabajo precario.  Se legalizaría la subcontratación sin incluir protecciones adecuadas y los empleadores tendrían más libertad para despedir a los trabajadores sin que sea necesario entregar una notificación escrita estableciendo la causa del despido.  El pago de salarios caídos en casos de despido ilegal se limitarían a 12 meses de salario y se eliminaría la antigüedad como base de ascenso.

 

·         Violentar la autonomía sindical.  La propuesta legislación requeriría que la elección de oficiales sindicales se realice por voto secreto y requeriría una auditoría externa sobre las finanzas del sindicato.  Aunque este tipo de requisito podría ser benéfico para algunos afiliados sindicales, que el Estado lo imponga viola el Convenio 87 de la OIT.

 

Este paquete de cambios a la ley laboral ha estado pendiente desde hace varios años, pero hace poco tiempo entró a un proceso de aprobación rápida, bajo el cual el congreso saliente lo llevará a votación el 27 de  septiembre.  El gobierno saliente del PAN y el gobierno entrante del PRI han expresado su apoyo a los cambios, a pesar de las objeciones rotundas de los sindicatos oficiales e independientes de México.

El intento por debilitar las protecciones a los derechos laborales en México ocurre justo cuando el gobierno mexicano está por unirse oficialmente a las negociaciones del Acuerdo Trans-Pacífico.  Aunque el Representante de Comercio de los Estados Unidos aún no ha dicho claramente cómo interactuarán las provisiones más débiles del TLCAN con las provisiones más fuertes del Acuerdo Trans-Pacífico, el gobierno estadounidense debe dejar claro que no es aceptable debilitar la ley laboral justo antes de unirse a las negociaciones del Acuerdo.

Creemos que la aprobación de esta legislación perjudicaría gravemente a los trabajadores mexicanos y socavaría su habilidad para organizarse.  Conociendo el compromiso suyo de hace mucho tiempo a los derechos humanos, le instamos a tomar acción para asegurar que el gobierno mexicano protege a los derechos laborales.

Gracias por su atención a este asunto importante.

Sinceramente,

Rep. Jan Schakowsky

Rep. James McGovern

Rep. Rosa DeLauro

Rep. Michael Michaud

Rep. Raul Grijalva

Rep. Sam Farr

Rep. John Tierney

Rep. Linda Sanchez

Rep. Michael Doyle

Rep. John Conyers

 

 

 

 

PRD: Por qué rechazamos la Iniciativa Calderón

"las diputadas y los diputados del PRD decidieron rechazar la propuesta del Ejecutivo, fundamentalmente, por considerar inadmisibles los siguientes contenidos:
1. La subcontratación que precariza empleo, degrada al trabajador a mero objeto, y legaliza fraudes laborales, a la seguridad social y al fisco.
2. Las nuevas modalidades de contratación, destacadamente los contratos de capacitación inicial y a prueba, que junto con la subcontratación hacen añicos la estabilidad en el trabajo y por tanto todo proyecto de vida para el trabajador y su familia.
3. Suspensión en el pago de las cuotas sindicales: en base a razones subjetivas las juntas de Conciliación y Arbitraje, instancias de consigna, podrá decretar esta suspensión para acabar a los sindicatos democráticos.
4. “Prórroga del contrato de trabajo sujeta a la pervivencia de la materia de trabajo” de la misma naturaleza (es decir la prórroga queda al arbitrio del patrón).
5. Salario Infinitesimal: al autorizar la contratación por hora, semana y jornada reducidas, permite que el trabajador reciba una proporción del salario mínimo, que siendo tan bajo en nuestro país, incluso menor al de Haití, lo sumirá en mayor pobreza También golpeará aún más el casi extinto mercado interno, que en el marco de la grave crisis mundial que se ha desatado resulta indispensable fortalecer.
6. Impulso y abaratamiento del despido: al prácticamente anular la necesidad de que el patrón notifique el aviso de despido (fecha y causas de despido) al trabajador y, al reducir a 12 mese los salarios caídos y, al aumentar injustas causas de despido.
7. Multihabilidades (polivalencia; actividades conexas o complementarias): golpea el empleo, aumenta la sobreexplotación, impulsa el despido pues su desempeño se prevé como obligatorio.
8. Aumento de la antidemocracia en el ámbito de los derechos colectivos: por un lado mantiene toda la infraestructura jurídica que sostiene el corporativismo sindical, y como si esto no fuera suficiente aumenta los requisitos para el ejercicio de los mismos (sindicalización, contratación colectiva y huelga).
9. “Arbitraje obligatorio”, es decir, que los trabajadores ya no deciden el tiempo en que estarán en huelga y por tanto neutralizan la presión que la huelga representa, el patrón o un tercero puede solicitar la intervención de la Junta para ponerle fin a ésta.
10. Permanencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje: justicia no expedita, parcial, sometida a los intereses políticos y de las empresas; aún peor, que en la actualidad ya que se les aumenta su poder discrecional, sobre todo en materia de Derecho Colectivo. Asimismo subsiste la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, garantía de que se mantendrán los salarios de hambre en contra de los trabajadores.
11. Equidad de género y protección de los niños: sólo aceptan unas cuantas normas insuficientes de manera absoluta para engañar a la opinión pública. En total oposición a la Iniciativa del PRD y al reclamo masivo de la organizaciones a este respecto.
12. Exclusión de la LFT de las Tablas de enfermedades y de valuación (riesgos de trabajo): lo que las transforma en un acto meramente administrativo, sujeto a los caprichos de la STPS, ante la presión de intereses políticos y económicos.
Por el contrario, la propuesta del PRD para la redacción del dictamen de Reforma Laboral, indicaron, contiene los siguientes elementos:
1. Seguro de desempleo. Adición a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que daría sustento al principio de estabilidad en el empleo, organizado con aportaciones de los patrones, los trabajadores y el Estado, aplicable a trabajadores privados de su empleo por causas no imputables a ellos, previamente afiliados al IMSS, con garantía de ingresos de subsistencia hasta por seis meses, con obligaciones de los beneficiarios de capacitarse para mejorar su profesionalización laboral y procurar su reinserción a puesto de trabajo.
2. Semana de trabajo de 40 horas.
3. Acceso y condiciones de trabajo iguales y dignas, sin distinción de género.
4. Generalización nacional de los salarios mínimos.
5. Substitución de la Comisión Nacional del Salario Mínimo por un Instituto Nacional del Salario Mínimo, Productividad y Reparto de Utilidades.
6. Modernización del modelo laboral para la inserción exitosa del país en la globalización productiva.
7. Perfeccionamiento de las instituciones del derecho laboral para garantizar seguridad jurídica a trabajadores y empresarios.
8. Fortalecimiento de la libertad, democracia y autonomía sindicales.
9. Protección a la familia. Condiciones de trabajo dignas en trabajo femenil, de menores y derecho al trabajo de otros grupos vulnerables.
10. Creación del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo.
11. Reconocimiento constitucional a la contratación colectiva como institución privilegiada del derecho colectivo, espacio adecuado para el desarrollo de la productividad con beneficios compartidos y la mejor organización del trabajo.
12. Autenticación de la contratación individual. Supresión de contratos a honorarios y a comisión simulada, e invalidación de documentos firmados en blanco para “renuncia voluntaria”".
Para el Grupo Parlamentario del PRD, señalaron los legisladores, aprobar esta iniciativa preferente sobre un tema que afecta la vida cotidiana de las familias, sería una gran irresponsabilidad de la Cámara de Diputados, con efectos negativos para varias generaciones de trabajadores de empresas privadas y de cualquier instancia de gobierno.
La competitividad del país no se debe basar en la reducción de los derechos de los trabajadores ni de sus salarios. Una Reforma Fiscal progresiva, el combate a la corrupción y medidas de austeridad deben ser las palancas para sacar a México del estancamiento.
El Grupo Parlamentario del PRD hace un llamado responsable a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados para rechazar la iniciativa de Reforma Laboral del Ejecutivo, y elaborar una en beneficio de los trabajadores.

Ocho mentiras del plan laboral de Calderón

 
Arturo Alcalde Justiniani
 
La exposición de motivos y la propaganda que se hace en favor de la iniciativa de reforma laboral presentada por Felipe Calderón contrastan severamente con la realidad y mienten a la ciudadanía. Ocho falsedades destacan por su importancia:
Se trata de una reforma estructural. La iniciativa mantiene los vicios y limitaciones del modelo vigente de relaciones de trabajo. No modifica el sistema de justicia sustentado en órganos tripartitos parciales e ineficientes, como son las juntas de Conciliación y Arbitraje. No toca el control corporativo; en todo caso, lo desplaza más al sector empresarial; no crea condiciones para mejorar el salario y fortalece las prácticas de simulación vigentes.

APP LABORAL
Perujo en El Economista
Favorece el crecimiento del empleo y la competitividad. No hay indicios que acrediten que la iniciativa favorezca estos fines; se oculta la evidencia de que son factores de orden económico los que influyen en la creación de empleo, como la inversión y el crecimiento económico. Las voces más especializadas en materia económica han demostrado que las afirmaciones relacionadas con este fin no tienen sustento, por el contrario, se advierte que en general la experiencia internacional de propuestas sustentadas en promover la precariedad sólo generan más pobreza, desigualdad y encono social.

Beneficia a los trabajadores. Es evidente que una subcontratación salvaje, sin factores de equilibrio, una nueva figura de contrato por hora sujeta a la discrecionalidad del patrón, un mayor control empresarial de los trabajadores y la reducción del carácter protector de la ley jamás podrán entenderse como favorables a los hombres y mujeres que trabajan.

Favorece la justicia laboral. Todo lo contrario; con la propuesta se carga sobre los hombros de los trabajadores la lentitud de los juicios por despido injustificado, incrementando la tardanza; los trabajadores quedarán en estado de indefensión al verse obligados a aceptar pagos indemnizatorios reducidos, ante el escenario de esperar seis o siete años para tener derecho a recibir, en el mejor de los casos, tan sólo un año de salarios. A pesar de que en todos los foros y espacios, incluyendo la consulta nacional convocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para transitar hacia una reforma judicial integral, se ha venido planteando la urgencia de transformar estos órganos para contar con jueces imparciales y eficaces que, sin estar sometidos al Poder Ejecutivo, resuelvan en periodos cortos las controversias de trabajo, el Ejecutivo federal optó por soslayar esta exigencia y castiga a los trabajadores con una responsabilidad que es aplicable al Estado.

Regula la subcontratación para evitar abusos. Los términos planteados por la iniciativa legalizan los vicios existentes, convirtiendo el trabajo en mercancía desechable, privada de derechos superiores a los mínimos e imposibilita ejercer derechos colectivos que permitan negociar las condiciones de trabajo. De una manera tramposa, omite que únicamente se garantizan los derechos básicos, y al impedir su regulación, provoca que esta forma excepcional de contratación, sólo justificada para actividades complementarias o especializadas, se convierta en la regla general. También se engaña con figuras tales como la responsabilidad solidaria o una supuesta vigilancia sobre el subcontratista, ocultando que el beneficiario es el patrón, que en caso de simulación debe responder y que la vigilancia debe incluir un registro especial de subcontratistas y la participación explícita de la inspección laboral por parte del Estado.
 
Promueve la democracia sindical. Si bien la iniciativa hace referencia al voto secreto y a la obligación de rendir cuentas por parte de los sindicatos, es evidente que se trata de una propuesta de orden táctico para ser intercambiada por los temas que son prioritarios para el sector empresarial, como la subcontratación sin cortapisas, limitar los salarios caídos y una contratación por horas que permita omitir el pago de prestaciones y suprimir la antigüedad y la estabilidad laboral.

Resuelve la problemática de los contratos colectivos de protección patronal. Para solucionar este vicio, que abarca la inmensa mayoría de los centros de trabajo del país, que consiste en que el patrón escoge el sindicato que debe representar a sus trabajadores al firmar el contrato colectivo, el Ejecutivo federal debió proponer que los trabajadores sean consultados antes de que se firme en su nombre el instrumento que regulará las relaciones colectivas de trabajo. La iniciativa, contrario a lo señalado en la exposición de motivos, blinda y consolida los contratos de protección patronal al impedir de manera permanente que los trabajadores puedan optar por un sindicato distinto al que les señaló el patrón. Los absurdos requisitos contenidos en el artículo 899 A, imposibles de superar, representan un obstáculo insalvable, ya que además de obligarlos a delatar previamente a los trabajadores inconformes, exige que el patrón y el líder sindical hegemónico en la zona, quienes representan el voto mayoritario en la Junta de Conciliación y Arbitraje, autoricen previamente la procedencia para iniciar el juicio de titularidad contractual. Esta restricción lesionará también al sector empresarial, pues al cancelarse las vías legales para el ejercicio de la libertad de asociación, los trabajadores no tendrán más camino que la acción clandestina, contrario a las relaciones abiertas, informadas y responsables que operan en los países altamente productivos. Obstáculos similares se oponen al ejercicio del derecho de huelga, figura casi inexistente en el México actual.

Es compatible con la norma constitucional y los convenios internacionales. Varias disposiciones son claramente violatorias de estos instrumentos jurídicos de jerarquía mayor, por lo que de ser aprobadas, se provocará una fuerte batalla de orden jurídico y un crecimiento de las denuncias internacionales que en los últimos años se han promovido por las organizaciones más representativas de México y de todo el mundo, acusando al país de ser un contumaz violador de la libertad sindical y del derecho a la contratación colectiva auténtica.

miércoles, 19 de septiembre de 2012

36 razones para no aprobar la reforma laboral de Calderón

Manuel Fuentes Muñiz
 
 
1. Porque anula la estabilidad del empleo con el pretexto de incrementar la productividad y ganancia empresarial.
 
 2. Porque afecta a todo tipo de trabajadores: de empresas privadas, empleados federales, estatales, municipales y del gobierno del Distrito Federal.
 
3. Porque no crea empleos, los abarata.
            
4. Porque facilita la imposición de bajos salarios y prolongación de jornadas de trabajo a cambio de la permanencia en el empleo.

5. Porque condiciona la permanencia en el empleo a quién tenga mayor productividad.

6. Porque desaparece los contratos de planta al anular la premisa de que “si existe materia de trabajo subsiste el contrato de trabajo”.

7. Porque anula el pago de indemnizaciones por despido al prever todo tipo de contratos temporales a pesar de la existencia de la materia de trabajo.

8. Porque permite abusos en los contratos a prueba, de capacitación inicial y de labores discontinuas al poder repetirse continuamente al cambiar el tipo de contrato o actividad.

9. Porque legaliza las renuncias en blanco al no prohibirlas.

10. Porque pulveriza el salario volviéndolo infinitesimal al prever los contratos por horas que no generan el pago de prestaciones sociales ni prima de antigüedad.

11. Porque permite exportar mano de obrar barata a través de contratos por hora o eventuales.

12. Porque legaliza la libre subcontratación (empresas outsourcing) y anula la responsabilidad solidaria entre las empresas que se benefician del trabajo obrero.

13. Porque acorta el pago de los salarios caídos a un año y otorga a cambio un interés mínimo del 2% mensual con un límite de 15 meses de salarios, propiciando que los trabajadores sean quienes sufran la prolongación y costos de los juicios laborales.

14. Porque permite despidos arbitrarios sin garantía de audiencia por reclamos de clientes o proveedores de patrón.

15. Porque cancela todo tipo de protección a las trabajadoras domésticas.

16. Porque permite la movilidad total del trabajador al interior del centro de trabajo y legaliza el trabajo multihabilidades a través de tareas “conexas o complementarias” sin el pago proporcional del salario de acuerdo al incremento de trabajo.

17. Porque retira la obligación del patrón de la entrega personal del aviso por escrito.

18. Porque retira la sanción al patrón de considerar el despido injustificado cuando no entregue el aviso de despido al trabajador.

19. Porque otorga mayores facultades a las autoridades laborales para decidir sobre el registro de sindicatos permitiendo el archivo de los expedientes.

20. Porque permite a la autoridad determinar si se estalla una huelga o no.

21. Porque permite a los patrones o terceros pedir el arbitraje obligatorio después de sesenta días de estallada la huelga.

22. Porque permite decidir si reconoce o no a los sindicatos mayoritarios al interior de los centros de trabajo.

23. Porque se acorazan aún más a “los contratos colectivos de protección” para evitar la entrada de sindicatos independientes.

24. Porque permite la intromisión de los patrones para definir quién es el sindicato mayoritario.

25. Porque se facilita la creación de los sindicatos patronales, llamados también “sindicatos blancos”.

26. Porque evita a los trabajadores afiliarse a un sindicato cuando ingresan a laborar al desaparecer la cláusula de exclusión por ingreso y separación.

27. Porque desaparece de la Ley Federal del Trabajo la Tabla de Enfermedades y Riesgos de Trabajo otorgando facultades a la Secretaría del Trabajo, con la opinión del sector obrero y empresarial su expedición y modificación.

28. Porque permite el aumento de accidentes de trabajo condicionar el empleo a cambio de mayor productividad.

29. Porque evade penalizar de manera efectiva conductas patronales negligentes que afecten la salud y vida de los trabajadores en el trabajo.

30. Porque establece un régimen desigual de transparencia al no obligar al patrón a informar sobre sus finanzas y sí a los Sindicatos.

31. Porque mantiene en perjuicio de los trabajadores la carga probatoria en materia de riesgos de trabajo.

32. Porque es una iniciativa violatoria del principio de progresividad en materia de derechos humanos y de garantías laborales previstas en el artículo 1º y 123 de la Constitución, así como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador“ y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la “Libertad Sindical”.

33. Porque cancela el carácter tutelar a favor del trabajador.

34. Porque anula la bilateralidad en las relaciones de trabajo anulando la intervención sindical.

35. Porque privatiza las relaciones laborales al dar al patrón la potestad de decidir cumplimiento de las normas laborales de manera unilateral.

36. Porque traerá mayor pobreza a la población en general.

martes, 18 de septiembre de 2012

CEREAL: La Iniciativa de Calderón

Cd de México, 13 de septiembre de 2012


BOLETIN DE PRENSA

LA INICIATIVA CALDERTONISTA DE REFORMA LABORAL: ATENTADO CONTRA LA DEMOCRACIA Y ULTRAJE A LA CONCIENCIA

El CEREAL invocó que la Carta Democrática Interamericana establece que el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores es un requisito indispensable para la democracia. “Cualquier intento de reducir o limitar los derechos humanos laborales, como lo hace esta iniciativa, es un atentado no sólo contra los trabajadores, sino contra la democracia misma” afirmaron.
El procedimiento de iniciativa preferente violenta el derecho humano de toda persona interesada a la participación en los asuntos públicos; y en especial respecto de sindicatos y organizaciones de derechos humanos violenta su derecho al dialogo tripartito y al diálogo social para modificaciones legislativas.
Para esta organización de la sociedad civil, al tratarse de una iniciativa que afecta los derechos humanos al trabajo, a condiciones satisfactorias de trabajo, a la libertad sindical y negociación colectiva tanto de varones y mujeres como de sectores vulnerables de la sociedad, esta iniciativa no debe discutirse únicamente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sino también en las comisiones de Derechos Humanos, de Atención de Grupos Vulnerables, de Equidad y Género, de Justicia, de Relaciones Exteriores, y de Seguridad Social.
La iniciativa violenta directamente al menos 28 convenios internacionales ratificados por el Senado de la República. De manera significativa, todas las modificaciones de flexibilidad en la contratación, permanencia y terminación laboral contravienen el principio de estabilidad en el empleo definido por la Observación 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas.
Las legisladoras y los legisladores están obligados jurídicamente a votar en contra de esta iniciativa, conforme al nuevo texto del artículo primero constitucional, afirmó el CEREAL. “Quienes voten a favor, en comisiones o en el pleno, de artículos violatorios de derechos humanos, incurren en responsabilidad personal y deberán ser obligados a reparación del daño causado”.

El Centro de Reflexión y Acción Laboral, organización de la sociedad civil especializada en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas trabajadoras, hacemos pública nuestra postura en relación a la Iniciativa Preferente de Reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por Felipe Calderón Hinojosa a ser discutida en el primer periodo de sesiones de la actual legislatura.

Desde los criterios de análisis y valoración de los derechos humanos, miramos con preocupación un elevado número de rasgos que, de aprobarse, constituyen medidas regresivas que resultan incompatibles con obligaciones jurídicas internacionales del Estado mexicano, relacionadas con los derechos humanos en los mundos del trabajo. Los cambios laborales postulados representan un retroceso y pérdida de derechos. Especialmente observamos que el ataque a la estabilidad en el empleo, tanto en la contratación como en la permanencia y la facilitación del despido, anula el principio de complementariedad entre el derecho individual y el colectivo. Es decir ¿cómo se disfrutarán derechos colectivos como poder sindicalizarse o tener un contrato colectivo si, mediante fáciles y baratos despidos, no podrás ni mantener el empleo? De igual manera, el fortalecimiento del corporativismo y el sistema de contratos colectivos de protección patronal que se da en materia de titularidad de la negociación colectiva, al impedir la organización auténtica del movimiento obrero, dificulta y anula la defensa de los derechos individuales de las personas. Recordamos que el artículo 10 de la Carta Democrática Interamericana, suscrita por México, afirma expresamente que la promoción y fortalecimiento de la democracia requiere necesariamente de ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores. De aprobarse la iniciativa presentada, al reducir y obstaculizar el ejercicio pleno y eficaz de derechos laborales tanto individuales como colectivos, se convertiría en el tiro de gracia de la clase política a la democracia mexicana. En este sentido, enfatizamos que esta iniciativa no sólo afecta a los trabajadores –pero especialmente a las trabajadoras- sino que es un atentado contra todas las personas que queremos construir una sociedad democrática. 

Si bien la exposición de motivos de la iniciativa afirma que se han realizado múltiples foros, estudios, análisis, y debates sobre el tema, la misma exposición de motivos reconoce que esta iniciativa no corresponde a textos anteriores que se han debatido socialmente, sino que es nueva. En consecuencia, el derecho humano a participar en la conducción de los asuntos públicos que tenemos toda persona interesada, y en especial el derecho de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil a que toda medida de cambio  legislativo en materia laboral se construya desde el dialogo tripartito y dialogo social, debe ser respetada respecto de esta iniciativa concreta. Esta nueva legislatura deberá garantizar, conforme a la propia Ley Orgánica del Congreso de la Unión, los espacios de debate y dialogo tripartito y social antes de votar. Lamentablemente, esta figura nueva de “iniciativa preferente” no garantiza ni los instrumentos ni los tiempos suficientes para que el legislativo respecte estos derechos básicos de participación ciudadana y de consulta tripartita. Es, en esencia, una tramitación fast track antidemocrática y violatoria de derechos civiles y políticos de la sociedad mexicana.

Denunciamos que la urgencia legislativa por cumplir los plazos de la figura de “iniciativa preferente” está llevando al Congreso de la Unión a violar su propia Ley Orgánica. En efecto, se ha diseñado una hoja de ruta para la aprobación de la iniciativa consistente en que se discuta exclusivamente en la Comisión del Trabajo y Previsión Social, la cual se constituye de manera independiente y acelerada en comparación con el resto de comisiones legislativas. Sin embargo, esta iniciativa de reforma debe necesariamente ser discutida en otras comisiones. Puesto que los derechos laborales modificados son derechos humanos en sentido estricto, debe intervenir la Comisión de Derechos Humanos; puesto que presuntamente busca promover la no discriminación por sexo, debe intervenir la comisión de Equidad de Género; puesto que la reforma laboral tendrá un impacto mayor y más perjudicial en ciertos sectores de la población, debe conocerla la comisión de Atención de Grupos Vulnerables. Por su parte, las comisiones de Justicia y de Relaciones Exteriores deben intervenir en cuanto se modifican tanto aspectos de tramitación de la Justicia Laboral como por la contradicción entre artículos de la iniciativa y tratados internacionales obligatorios para el país.

En este sentido, denunciamos que de aprobarse el conjunto de la iniciativa de reforma México incurriría en responsabilidad internacional por violación de al menos 28 tratados internacionales ratificados por el Senado de la República en materia de Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo; protección de menores de edad; igualdad de oportunidades y trato; consulta tripartita; administración e inspección del trabajo; política y promoción de empleo (especialmente por su legalización de la tercerización y el outsourcing); salarios; horas de trabajo; seguridad y salud en el trabajo; seguridad social; y pueblos indígenas.  La iniciativa no sólo violenta tratados internacionales, sino que es omisa en incorporar medidas progresivas de respeto y garantía a los derechos humanos de las personas que trabajan que le han sido recomendadas por organismos internacionales, tanto de la Organización Internacional del Trabajo como el sistema de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Por ejemplo, todas las modificaciones que buscan la flexibilización de la relación de trabajo, tanto en contratación como en permanencia y abaratamiento de terminación, contradicen abiertamente la Observación General 18 sobre el derecho humano al trabajo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que definió que la estabilidad en el empleo y el no ser privado del empleo sin causa justa y suficiente es un elemento esencial que deben respetar y garantizar los estados.

Si la intención realmente fuera promover trabajo digno, como afirma la exposición de motivos, y no el adoptar medidas lesivas y regresivas de los derechos humanos, el Gobierno de México debería más bien homologar la legislación laboral al más alto estándar de protección internacional. Debería, por ejemplo, ratificar los siguientes convenios de la OIT que las administraciones priistas y panistas se han negado a asumir: Convenio 98 sobre contratación colectiva; discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el empleo; Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública; Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares; Protocolo 81 de 1995 relativo al Convenio 81 sobre la inspección del trabajo; Convenio 81 sobre Inspección del trabajo; Convenio 138 sobre edad mínima; Convenio 97 sobre trabajadores migrantes; Convenio 174 sobre prevención de accidentes industriales mayores; Convenio 175 sobre trabajadores a tiempo parcial; Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas; Convenio 183 sobre protección a la maternidad; Convenio 189 sobre trabajadoras y trabajadores domésticos. Pero, sobre todo, debería ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Por  lo anterior, concluimos que las legisladoras y los legisladores tienen la obligación jurídica de votar en contra esta iniciativa preferente, y en cambio abrir un proceso verdaderamente respetuoso de la participación ciudadana, de la consulta tripartita y del diálogo social para homologar la legislación laboral al más alto estándar de protección de los derechos humanos de las personas que trabajan. Obligación jurídica contenida en el nuevo artículo primero constitucional que dice que Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Les recordamos a las legisladoras y los legisladores que el mismo artículo dispone que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Por lo que de votar a favor de esta iniciativa violatoria de derechos humanos, estarían incurriendo personalmente en responsabilidad y obligación de reparar el daño causado.

Finalmente, llamamos a toda la sociedad a defender los derechos humanos de las personas que trabajan como parte esencial e indispensable de la defensa de la democracia del pueblo mexicano.

Atentamente.

CEREAL
Centro de Reflexión y Acción Laboral
proyecto obrero de Fomento Cultural y Educativo A.C.

sábado, 15 de septiembre de 2012

Diputadas de izquierda se sumarán a la marcha de UNT

Por Imelda García 
Septiembre 13, 2012  
Diputados del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), anunciaron que harán una movilización el próximo 21 de septiembre en el Zócalo capitalino, entre otras actividades, para rechazar la iniciativa de Reforma Laboral presentada por el presidente Felipe Calderón.
En su reunión con sindicatos, los legisladores del PT y MC se comprometieron a promover y respetar una serie de resolutivos que incluyen una demanda a los legisladores de rechazar la iniciativa laboral presentada el 1 de septiembre, así como a realizar otras acciones.
"Va a haber una movilización del Ángel de la Independencia el día 21 a las cuatro de la tarde, al Zócalo, y todas las fuerzas democráticas y progresistas de este país y los trabajadores se van a manifestar ese día en rechazo a las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.
"El Ejecutivo sigue con oídos sordos para escuchar las demandas de los trabajadores, así que alzaremos nuestra voz”, explicó el diputado petista, Arturo López Cándido.
El posicionamiento también fue presentado por Luisa Alcalde, de Movimiento Ciudadano, y Araceli Torres, del PT, quienes afirmaron que se han reunido con organizaciones sindicales y sociales de quienes han recibido diversas propuestas y manifestaciones de rechazo al proyecto presidencial.
"Nosotros la rechazamos (la iniciativa) porque estamos conscientes de la afectación que viviríamos todos las y los mexicanos, que somos la mayoría trabajadores, y es por eso que decimos: no a esta iniciativa", afirmó la legisladora de Movimiento Ciudadano, Luisa Alcalde Luján.
Los legisladores también definieron realizar un foro con especialistas en el tema, el próximo 26 de septiembre, además de que a partir del 19 de septiembre comenzarán una jornada nacional de acciones que durará hasta el último día del mes.
El foro de análisis se realizará un día antes de la fecha en que la Junta de Coordinación Política prevé la presentación del dictamen al pleno de la Cámara de Diputados, el 27 de septiembre.
Entre las organizaciones que se han manifestado contra la iniciativa presidencial y que participarán en las movilizaciones contra la Reforma Laboral se encuentran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Frente Sindical Mexicano, la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, y la Alianza de Trabajadores de la Salud, entre otros.

… Y EL PRD SE REÚNE CON EL CCE
En contraste, diputados y senadores del PRD se reunieron este miércoles con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para intercambiar puntos de vista sobre los cambios a la Ley Federal del Trabajo.
En dicha reunión participaron los diputados Silvano Aureoles, coordinador de la bancada del sol azteca, y Miguel Alonso Raya, su vicecoordinador.
Del Senado acudieron Miguel Barbosa, coordinador del PRD; y los senadores Mario Delgado, Alejandra Barrales, Benjamín Robles, Fernando Mayans y Armando Ríos Piter.
En días pasados, Aureoles señaló que el PRD no llamaría a movilizaciones para rechazar la Reforma Laboral; sin embargo, veía improbable que los grupos sociales involucrados aprobaran estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo porque lesionan los derechos de los trabajadores.
“Si hay movilizaciones de la clase trabajadora, que seguramente van a ser los líderes los que van a convocar, será otra cosa, pero quienes son los autorizados legítimamente para convocar son los dirigentes de las distintas organizaciones de trabajadores”, comentó Aureoles.
Este martes, las bancadas del Frente Legislativo de Izquierda presentaron su propia iniciativa de Reforma Laboral que busca aumentar los derechos de los trabajadores

viernes, 14 de septiembre de 2012

Carta del Sindicato de Electrisistas de Estados Unidos a Coordinadores parlamentarios de México en referencia a la Iniciativa Calderón






















DIP. MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA
Parliamentary Coordinador for the Partido Revolucionario Institucional
 
DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO
Parliamentary Coordinador for Revolución Democrática
 
DIP. LUIS ALBERTO VILLAREAL GARCIA
Parliamentary Coordinador for the Partido Acción Nacional
 
DIP. ALBERTO ANAYA GUTIERREZ
Parliamentary Coordinador for the Partido del Trabajo
 
DIP. LUCILA GARFIAS GUTIERREZ
Parliamentary Coordinador for the Partido Nueva Alianza
 
DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA
Parliamentary Coordinador for the Partido Verde Ecologista de México
 
DIP. RICARDO MONREAL AVILA
Parliamentary Coordinador for the Partido Movimiento Ciudadano
 
 
Dear Parliamentary Coordinators of the Mexican Congress,
 
We are writing to you on behalf of the tens of thousands of members of the United Electrical, Radio and Machine Workers of America (UE) throughout the United States to express our grave concern about the recent announcement by out-going president Felipe Calderón that he has designated an extremely regressive labor law reform proposal for your consideration under a new “preferential” fast track process (which itself may be improper).
 
Provisions of this proposed legislation violate the requirements of International Labor Organization (ILO) conventions 87 and 98 on Freedom of Association and Collective Bargaining, the mandate in Article 2 of the North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC) that the parties “provide for high labor standards... and shall continue to strive to improve those standards,” as well as many other international covenants protecting freedom of association:


1.         American Convention on Human Rights: Article 16 
2.         Universal Declaration of Human Rights: Articles 20 and 23
3.         International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Article 8
4.         International Covenant on Civil and Political Rights: Article 22
5.         Declaration of Lima.  Interamerican Democratic Charter: Article 10
 
The proposed law reform would result in a drastic decline in current worker rights and protections. It would cheapen the cost of labor while provide further cover and protection for the system of corporativist control that is the heart and sustenance of the employer protection contract system.  It would destroy the independent trade union movement in Mexico by effectively eliminating the already difficult openings through which groups of workers can obtain representation by the union of their choice.
 
Among other things, the law would violate  rights of freedom of association by making the procedural requirements for obtaining a representation hearing or exercising the right to strike so onerous that they effectively negate such rights.  For example, workers seeking to change from a corrupt to a democratic union would have to file documents that include their names and a certification from the employer regarding their status as employees. Given the routine practice, reflected in “exclusion clauses,” of firing any worker who seeks to form an independent or democratic union, this is tantamount to guaranteeing the discharge of such workers prior to an election, with obvious consequences. 
 
Another purportedly “procedural” requirement mandates that workers obtain a certification from the labor board in order to petition for an election.  Since the labor boards in Mexico are tripartite and virtually always include representatives of the confederation to which the incumbent belongs, it is unthinkable that such permission would actually be granted.
 
A final requirement worth noting is that once an election petition has been filed, no other proceeding can take place until at least a year has elapsed. While such a bar may serve a useful purpose in some countries, in Mexico it is already standard practice for corrupt unions to file multiple petitions to delay election proceedings to discourage provide time for the discharge and intimidation of workers in order to prevent a victory by an independent union. This proposed provision provides a perfect opening for further collusion among corrupt unions through the filing of successive petitions, precluding democratic unions from ever obtaining an election.
 
The new proposals would also severely undercut job security by removing existing protections for workers that limit sub-contracting, temporary and short term contracts. In addition, they would undercut worker protections against unjustified discharge, limiting back pay to one year and further penalizing workers for delays in legal proceedings for reinstatement that are beyond their control. It has been estimated that the length of such proceedings average one year.  
 


 

The renewed attempt to force approval of this recycled proposal is particularly egregious when viewed in context. Anti-union policies have escalated in Mexico as both companies and the various levels of governments utilize corporativist trade unionism as a battering ram against democratic trade unions, using violence and intimidation to impede the free exercise of trade union association, imposing protection contracts on behalf of employers, and blatantly disregarding the recent recommendations of the International Labor Organization.

 

It has been estimated that some 90% of union contracts in Mexico are protection contracts, where an employer selects the union that it prefers and workers have no choice. The widespread use of such contracts and their violation of fundamental union rights was raised by IndustriALL, then International Metalworkers’ Federation, in complaint no. 2694 submitted to the ILO in 2009.

 

Recommendations put forward by the Committee on Freedom of Association and approved by the ILO’s Governing Body in the spring of 2011 called on the Mexican government to examine the issue of Protection Contracts. Specifically, the ILO called on Mexico to investigate and report back to the Committee regarding:  “(1) the questions relating to the trade union security clauses, “exclusion clauses”, which were declared unconstitutional by the Supreme Court and which may give rise to the kind of situations contemplated in the complaint; (2) questions relating to the minimum representativeness of trade unions in order to bargain collectively; and (3) the alleged lack of impartiality of the conciliation and arbitration boards (JCAs) and the allegedly excessive length of their proceedings.”

 

The Committee stated that it “firmly expects that a dialogue will take place with the most representative national workers’ and employers’ organizations, as well as the six organizations that are complainants in this case or that have supported it.” It also stated clearly that it “trusts that legislative and other measures will be taken in the near future to strengthen protection against anti-trade union practices in breach of collective bargaining principles.”

 

Instead of social dialog, the executive branch of the Mexican government has intensified its crack down on independent unions and Freedom of Association. While cases are legion, the most glaring example is this recent proposal for labor law reform that would actually make the already dire situation faced by Mexican workers far worse. 

 

The Initiative of Felipe Calderón, far from encouraging job creation and the stimulation of the internal market, will cause the instability of existing jobs and the generation of even more precarious work than what already exists in the informal sector in Mexico.

We hope that these matters will be considered when analyzing this initiative and that a national debate can be initiated in which the opinions of workers, intellectuals who specialize in economic and labor matters, as well as various labor currents will be taken into account.

 

                                                            Sincerely,

 

Bruce J. Klipple                      Andrew Dinkelaker                            Robert B. Kingsley    

President                                 Secretary- Treasurer                            Director of Organization

 

 

cc:        Hilda Soliz

            Carol Pier

Admite Carstens que reforma laboral es para despedir más fácil a empleados

viernes, 14 de septiembre de 2012


Admite Carstens que reforma laboral es para despedir más fácil a empleados

Por Victor Hernández

Agustín Carstens dejó claro para qué es la reforma laboral enviada por Felipe Calderón al congreso: para que las empresas tengan más "flexibilidad" para despedir trabajadores.

Que porque, dice, sale muy caro despedir a un trabajador y que eso frena la productividad de las empresas. Que porque el dinero que se gasta en despedir a un empleado frena la productividad.

Mintió. México es el país con mayor productividad de la OCDE. Apenas el 14 de julio pasado la OCDE reveló que en México se trabaja más de 21% más horas que en el resto de los paises de la OCDE.

Pero, por contraste, México es el país de la OCDE donde menos se paga, con un promedio de 0.44 dólares por hora de sueldo.

No sólo eso: México fue el país donde más horas se trabaja con el sueldo más bajo en la OCDE por dos años consecutivos.

Que no mientan entonces Agustín Carstens, los panistas y los priistas. El problema de México no es la productividad. México ya es el país más productivo y el más explotado de la OCDE. Lo que realmente se busca con la reforma laboral es dejar indefensos a los trabajadores para que no generen antiguedad ni les tengan que pagar prestaciones de ley.

Eso no es un asunto de productividad, sino de explotación.

jueves, 13 de septiembre de 2012

UNT; Pronunciamiento ante Iniciativa de Reforma Laboral Calderón



UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES

 

PRONUNCIAMIENTO

 

RECHAZO TOTAL A LA REFORMA LABORAL

 

La UNT convoca a todas las organizaciones sindicales a impulsar una amplia campaña nacional e internacional en rechazo a la iniciativa presidencial con trámite preferente de reforma laboral y en defensa de nuestros derechos.

El pasado primero de septiembre el Presidente Felipe Calderón, envío al Congreso dos iniciativas preferentes, una de ellas es una redición de la propuesta Lozano basada en el proyecto empresarial de la COPARMEX para modificar la Ley Laboral que legaliza el outsourcing, flexibiliza las formas de contratación y despido, incorpora la contratación por hora, limita el pago de salarios caídos a un año, amplía los periodos de prueba e introduce nuevas restricciones al derecho de huelga y a la libertad de asociación sindical.

Al utilizar este mecanismo Calderón, impone su agenda a la legislatura entrante y obliga a la Cámara de Diputados a dictaminar en 30 días naturales, a sabiendas de que agotado este plazo la iniciativa debe pasar al pleno para su aprobación o rechazo.

Estamos ante el riesgo de que se modifique la Ley Laboral sin que medie un debate amplio y suficiente entre los legisladores, mediante un procedimiento que obliga a tomar decisiones al vapor sobre temas trascendentales para la nación, que excluye a los principales involucrados de la toma de decisiones, en este caso los trabajadores y a sus organizaciones y que genera finalmente tensiones entre el Poder Ejecutivo saliente y las cámaras.

La UNT ha externado, en otras oportunidades, su desacuerdo con aquellas propuestas que no son el producto del consenso entre las organizaciones representativas del mundo del trabajo y que, como en este caso, sólo pretenden abaratar el costo de la mano de obra al  implantar criterios de flexibilidad unilateral, facilitar los despidos y socavar la contratación colectiva auténtica.

El proyecto de Calderón obstaculiza la organización de nuevos sindicatos, limita aún más el ejercicio del derecho de huelga, favorece la desorganización de los trabajadores y no incorpora preceptos fundamentales como la igualdad efectiva para erradicar la discriminación y la violencia laboral contra las trabajadoras.

Esta propuesta de corte patronal no contribuye a generar empleos como dicen sus promotores, por el contrario, afecta la estabilidad en el trabajo e incide en el descenso de la calidad de vida de los trabajadores y en el estancamiento del mercado interno.

A diferencia del proyecto de los empresarios que sólo sirve para profundizar la desigualdad social, en la UNT consideramos que una verdadera transformación del mundo del trabajo pasa por fortalecer la independencia y la autonomía de las organizaciones gremiales desterrando el sistema de control corporativo y requiere de la contratación colectiva auténtica como el eje de las relaciones obrero patronales.

Por todo lo anterior, en la UNT rechazamos el proyecto de Calderón, porque sostenemos que la precarización laboral no puede seguir siendo la “oferta” de nuestro país para atraer capitales, por ello exigimos que el Congreso deseche dicha reforma lesiva al interés de las y los trabajadores y convoque a un amplio debate nacional en el que participen todas las vertientes del sindicalismo mexicano sin exclusión, en el que, entre otros temas se discuta en torno al cambio del modelo de desarrollo que requiere el país, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y la democratización y modernización del mundo del trabajo.

Estamos construyendo, conjuntamente con todas las organizaciones sociales y del movimiento sindical de nuestro país, un Frente Amplio y Social en defensa de los derechos de los trabajadores cuya tarea inmediata es agotar  todos los recursos políticos y sociales para impedir que se consume este atropello.

Con este propósito impulsaremos un plan de acción a nivel nacional, que incluye medidas contundentes como: la realización de plantones, marchas, mítines y foros. Demandamos que las y los legisladores actúen como verdaderos representantes populares sin dejarse presionar por los empresarios y otros poderes de facto.

En coordinación con el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y la Libertades Democráticas, hemos convocado a una gran Jornada Nacional de Lucha que inicia con una gran manifestación el próximo viernes 21 de septiembre del Ángel de la Independencia al Zócalo a la 16.00hrs.

Fraternalmente,

“POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES”

México D.F. 12 Septiembre del 2012.